Por: Natalie Manrique Abril PhD (c)
Las élites y la concentración del poder
Frente a la afirmación de Torrijos de que las Élites promovieron el conflicto, vale la pena recordar que quienes ostentan las mayores posiciones de poder dentro del Estado en el orden nacional, regional y local son precisamente grupos familiares. Dichos clanes tienen carácter gamonal, es decir obedecen a esquemas patronales que tienen cierto aire feudalista, donde se observan personajes ávaros, egoístas, ambiciosos, ególatras; que mantienen desdén y desprecio por los demás, pero que controlan y manipulan a las personas al proyectar una imagen de protector y proveedor de bienestar a través de una falsa caridad (normalmente se hace con dinero proveniente de los impuestos, de causas solidarias, del narcotráfico, o de la corrupción).
La Iglesia Católica desde épocas de Constantino ha estado ligada al poder, lo cual le ha permitido incrementar su patrimonio, lo cual la conllevó a convertirse en concentradora de poder y una élite en sí misma. Ejerciendo su influencia espiritual, y apelando al recurso de amortización, que consiste en la exención de impuestos sobre sus posesiones, gracias a la presunción de que dichos bienes van a “parar a manos de Dios”. Así, dichos bienes pasaron a hacer parte de la “mano muerta”, la masa de propiedades que tenían las Corporaciones que se suponía que se establecieron para el bien público, y por tanto no podían pasar a manos de los señores o del Rey. Dicha tradición de la Corona continuó en sus colonias (Martínez de Azcoitia, 1972).
Debido a que muchos de los países actuales de Suramérica fueron colonizados por la Corona Española, en Colombia la tradición de las creencias de tipo mística o espiritual predominante desde la Colonia es la católica. En los tiempos de la fundación de la República era “pecado” no profesar la religión, por lo cual las personas de las élites de las dos vertientes políticas eran hacendados o nuevos ricos que surgieron después de la independencia, personas con dinero creyentes y que profesaban la religión, en mayor o menor medida.
En algunos casos, las élites proceden directamente de España, lo que les brinda cierto carácter aristocrático de linaje “puro” o “blanco”. Con dicho discurso se ha ejercido violencia étnica sobre grupos indígenas y afrodescendientes, quienes han estado marginados del ejercicio del poder en Colombia, y cuyas regiones son las que presentan mayor desigualdad y atraso. Un ejemplo es la familia Samper, descendientes de Manuel Samper Sanz (Zaragoza – Aragón 1745, Bogotá (1815) hijo este a su vez de Juan (Francisco) de Samper y María (Martina) Sanz nacida en Epila – Zaragoza (Villegas Cortés, 2018). Su mayor exponente actual es el expresidente Ernesto Samper Pizano.
Así, se generaron clases que obedecían a la característica “sangre azul”, término que se acuñó en occidente para los aristócratas, nobles, o descendientes de la realeza, quienes, al no realizar trabajos físicos tenían una piel de color más blanca que evidenciaba más fácilmente sus venas teñidas por un color azul (el color de la sangre con menos oxígeno). Los trabajadores, por su parte, campesinos y artesanos, así como los esclavos y los indígenas se exponían más al sol y por tanto su color de piel era más oscuro, ocultando las venas. Los aristócratas apreciaban que el color de las venas fuera más vistoso, y en el caso de las mujeres era muy apreciado y fácilmente evaluable en los bustos que sobresalían parcialmente de sus vestimentas: entre más pálidos fuesen, más venas se verían y de esa forma se asemejarían al aspecto del mármol, una piedra lujosa usada en el antiguo Egipto, en la época de los faraones y luego popularizada en el imperio Otomano, Italia, el vaticano y Europa occidental (López Sánchez, 2014). De esta forma, la cosificación de la mujer se instituía a partir de visiones arribistas ligadas a lujos.
Un caso distinto es el del expresidente Álvaro Uribe, quien es hijo del ganadero y hacendado Álvaro Uribe Sierra, asesinado en la hacienda guacharacas en 1983 por, aparentemente, miembros de la guerrilla de las FARC. Uribe rompió la lógica de las casas Ospina, Lleras, López; Pastrana, Gaviria, y Santos, y otras élites como Holguín, Peñalosa, Samper, Turbay y Valencia; quienes concentraron para sí mismas el poder nacional desde el centralismo de la casa de Nariño desde, prácticamente, la independencia de Colombia. Para lograrlo, Uribe se apoyó en gamonalismos regionales menos refinados que las élites de orden nacional (de éstas últimas muchas provenían de gamonalismos regionales); y fue capaz de romper dicha tradición rotativa del poder (Martín de la Fuente, 2018).
Un caso patente de gamonalismo elitista se puede observar en la elección de María Fernanda Cabal, quien es la esposa de José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos – Fedegan, y miembro del centro democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Otro es el de la Senadora Paloma Valencia y Juan Carlos Iragorri, ambos provenientes de familias hacendadas en el Cauca, siendo la primera nieta del expresidente Guillermo León Valencia, y el segundo primo de la senadora y director del partido de la U.
En la actualidad se conforman élites regionales que se proyectan hacia el poder nacional, como la casa Char de Barranquilla, que es a su vez apoyada por poderes tradicionales en cabeza de Germán Vargas Lleras, de la casa Lleras, por el partido cambio radical, y, aparentemente, Simón Gaviria, de la Casa Gaviria, por el Partido Liberal (W Radio, 2019a).
El problema que surge de esta situación es que, en su afán egoísta de cooptar y concentrar el poder, las élites lo traspasan generacionalmente, como se evidencia en el artículo “¿Una «nobleza» criolla? Cuán profundo es el elitismo en Colombia y qué implica para el país (Cosoy, 2017)”, o en el artículo “Colombia: entre pactos de élites y transiciones democráticas (Moreno-Parra, 2017)” y en la tesis “Radiografía del poder en Colombia: élites y vínculos de parentesco. Cambios y continuidades desde la teoría de redes (Martín de la Fuente, 2018)”, entre muchos otros documentos.
Estas conductas son perjudiciales para la democracia, dado que, contrario sensu a la teoría de la “trias política” o separación de poderes, donde se establece el sistema de frenos y contrapesos con el fin de lograr equilibrio y representatividad tanto de las mayorías como de las minorías (Causa Azitimbay, 2017); las élites cooptan al Estado, y terminan excluyendo a las mayorías con las que se hacen elegir, así como a las mayorías que no están de acuerdo con su proyecto, y a las minorías que tradicionalmente son excluidas y que carecen de una representatividad propia.
Así, los grupos que ostentan el poder básicamente usan la democracia como pretexto para usar el Estado a su favor. Captan la mayor parte de la representación democrática del Estado para garantizar a su vez su representación en cargos de libre nombramiento y remoción, realizar la conocida maniobra de la puerta giratoria, y tener el manejo de información privilegiada y favorecerse a través de negocios, bienes y propiedades de carácter público para volverlos privados. De esa forma, valga la redundancia, protejan los intereses de una minoría poderosa: sus propios intereses.